En septiembre de 2019, Mariel Albarrán se enteró, por boca de su hija mayor ─que entonces tenía seis años de edad─, que ella y su hermanita de cinco años habían sido abusadas sexualmente.
“Me entero un domingo, después de una fiesta infantil. Al día siguiente, sin importarme de quién se trataba, acudí a denunciar a la Fiscalía de la Ciudad de México”, cuenta Mariel en entrevista con Marejada. El presunto agresor, según el testimonio de las pequeñas, era su papá, el ahora exmagistrado Manuel Horacio Cavazos López.
Pese a la denuncia, que posteriormente se volvió pública, Cavazos López mantenía abierto su proceso de ratificación para ser magistrado vitalicio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo cual se frenó a inicios de 2020.
"Ningún agresor es un buen padre".
La denuncia ha presentado obstáculos desde el comienzo. A Mariel la sacaron de las entrevistas que le hicieron a sus hijas como parte de los dictámenes y llamaron a especialistas para evaluar a las pequeñas, pero la opinión de ninguna fue validada.
“Los dictámenes, pese a que los hizo la misma perito, son completamente distintos. En uno, soy una mamá preocupada por sus hijas, y en el otro, estoy ensimismada en temas del divorcio. Lamentablemente, esta situación de violencia sexual infantil tienden a minimizarla cuando se trata de un padre biológico”, resalta Mariel.
Hay una resistencia, agrega, respecto a creer en la responsabilidad de los padres biológicos o tutores en agresiones sexuales contra menores de edad.
“Las cifras nos dicen que los agresores están en nuestras casas, son los abuelos, los tíos, los primos. Yo, en mi infinita ignorancia, jamás me imaginé que un padre biológico fuera capaz de atentar contra sus propias hijas, incluso, llegué a calificarlo como un excelente padre”, señala.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), en 2021, a los hospitales del país ingresaron 8,179 menores de edad agredidos sexualmente; más del 90% de las víctimas son niñas y mujeres adolescentes.
La organización indica que los padres y padrastros figuran entre los principales agresores sexuales de niñas y mujeres adolescentes (14.6% de los casos).
A esto se suma que, de cada 1,000 niñas, niños y adolescentes que sufren una agresión sexual, apenas 100 se atreven a denunciar y solo una víctima recibe justicia, es decir, una sentencia condenatoria para el agresor.
“Son discriminados por su edad. Para las autoridades y la sociedad, el solo hecho de que niñas y niños se atrevan a denunciar merece la descalificación en automático”.
La madre de las pequeñas sobrevivientes de violencia sexual resalta que los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) señalan que este tipo de delitos se comete en secreto, en lo oculto, y ahí está la importancia de priorizar el testimonio de las víctimas.
Revictimización y persecución contra Mariel
No solo las hijas de Mariel Albarrán han sido revictimizadas, ella misma está siendo castigada por las autoridades de la Ciudad de México.
Las entrevistas ante el Ministerio Público, con psicólogas clínicas y diversos dictámenes confirman que las menores fueron abusadas, y que si no le dieron una “connotación negativa” es porque desconocen de qué se trataba.
“Después nos canalizan al centro de atención a víctimas de violencia sexual y los informes que emiten confirman la violencia, y piden que (el padre) no se acerque más a las niñas, existen dictámenes privados, existen constancias de Policía de Investigación donde identificaron los lugares en los que fueron agredidas. Y con todo eso no hemos podido llevarlo ante un juez”, acusa Mariel.
Inicialmente, cuando el nombramiento de magistrado vitalicio estaba en proceso, las autoridades intentaron dar carpetazo a la denuncia. ¿La razón? Cavazos López no podía tener una investigación de esta naturaleza, señala la mujer.
En 2020, cuando el Congreso de la Junta de Justicia ─que entonces presidía Eduardo Santillán─ realizó una conferencia de prensa para tratar de desestimar la acusación, el abogado de Cavazos López le informó a Mariel que la había denunciado por falsedad en declaración. Después llegó otra denuncia por violencia familiar.
“Para abril de 2020 ya tenía dos carpetas de investigación (por violencia familiar): una por una promesa de nalgada, y la otra por la propia lesión que se encontró en el dictamen médico durante la valoración hecha a sus hijas en septiembre del 2019. Hoy suman siete carpetas de investigación, una en la Fiscalía General de la República (FGR)”, cuenta Mariel.
A inicios de marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó ejercer acción penal en su contra por las dos primeras carpetas aun cuando la fiscalía desechó este procedimiento. Así es, la “casa” del presunto agresor busca encarcelar a Mariel.
Contra el exmagistrado no hay ninguna acción penal. De hecho, tuvo que pasar un año después de la denuncia para que Mariel lograra que se suspendieran las convivencias del presunto agresor con las niñas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 31 de octubre de 2022 una recomendación en la que reconoce a las dos niñas como víctimas de violaciones a sus derechos humanos y le exige la Fiscalía de la Ciudad de México que les ofrezca una disculpa. Hasta ahora, nada.
“Es tortuoso. ¿Qué buscan el agresor y las autoridades en estas complicidades perversas? Asfixiarme a través de expedientes, de intimidación, es una forma para que desista y diga ‘¿sabes qué? No quiero tener una denuncia ni que me metan a la cárcel’. Pero no va a pasar, así tenga 200 carpetas de investigación no dejaré de proteger a mis hijas, porque lamentablemente en pleno 2023 la fiscalía y el tribunal siguen obligando a los niños y a las niñas a callar”, enfatiza Mariel Albarrán.
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