Sandra Karina García Alemán fue víctima de feminicidio el 18 de mayo de 2020 en Otumba, Estado de México. En 2023, Luis Iván Rodríguez Figueroa, quien fuera pareja de la joven, fue sentenciado, primero a una pena vitalicia y luego a 55 años de prisión.
Hoy, por un formalismo del Poder Judicial de la Federación (PJF), la sentencia contra el feminicida de Sandra Karina está en riesgo, por lo que la familia de la víctima acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la atracción del caso.
Ximena Ugarte, asesora jurídica de la familia de Sandra Karina García Alemán, explicó que el Primer Tribunal de Circuito en el Estado de México ordenó la reposición de todo el juicio en el que Luis Iván fue declarado culpable, argumentando que en dos ocasiones se rebasó el plazo máximo de 10 días naturales –no hábiles– entre audiencias, establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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“Esto puede dejar incluso la puerta abierta para que, por una cuestión de mera formalidad, los responsables de los feminicidios puedan quedar libres”, señala la abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
El fallo del Tribunal de Circuito se dio luego de que la familia de Sandra Karina presentó un amparo contra la reducción de la sentencia de Luis Iván. “Nos otorgan ese amparo, pero ahí establecen que para garantizar los derechos de la víctima y de su familia se debe reponer todo el juicio, lo que en realidad es revictimizante”, detalla Ugarte.
Papás de Sandra Karina promueven amparo
Antonia Alemán e Hilario García, papás de Sandra Karina, llevaron el caso ante la SCJN, donde presentaron un amparo directo en revisión, en el que señalan que reponer el proceso en este y otros casos de feminicidio genera revictimización y ponen en riesgo las sentencias.
El amparo fue turnado al ministro Giovanni Figueroa, con lo que se formalizó la atracción del caso de Sandra Karina, que busca sentar un precedente para impedir a los tribunales ordenar la reposición de procedimientos en casos en los que los responsables ya fueron sentenciados con elementos probatorios.
“No estoy de acuerdo con la reposición de procesos en casos de feminicidio. El amparo que nosotros tramitamos contra la reducción de la sentencia no nos benefició, por el contrato, nos perjudica porque pretenden que se vuelva a repetir todo el juicio por una cuestión de formalidad”, expresa Antonia Alemán.

La familia de Sandra Karina no es la única que enfrenta riesgos por las formalidades del Poder Judicial. Ximena Ugarte expuso que en la Corte hay por lo menos dos asuntos más en los que víctimas de violencia de género podrían ser sometidas a repetir el juicio aun cuando sus agresores ya fueron sentenciados.
“Se está pidiendo a la Suprema Corte que genere lineamientos en los casos en que se regresan estos amparos a los tribunales colegiados de circuito para que resuelvan conforme a su libertad de jurisdicción, pues las reposiciones de estos juicios de alguna manera envían un mensaje de impunidad tanto a las autoridades como a los responsables”, indica.
El camino hacia la justicia
Sandra Karina García Alemán tenía 27 años de edad y era ingeniera civil, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Azcapotzalco.
«Era de corazón muy noble, le gustaban mucho los animales y pasa tiempo con su familia. Era la menor de sus hermanos y quería seguir preparándose. En enero de 2020 empezó a hacer los trámites para hacer su maestría en la UAM, desgraciadamente ya no se lo permitió el sujeto que le quitó la vida», señala Antonia.
La familia de Sandra Karina ha recorrido un largo camino en búsqueda de justicia. Primero tuvo que demostrar que la joven no murió por una congestión alcohólica –como el agresor intentó justificar–, sino que fue víctima de feminicidio mientras estaba en un estado vulnerable.
Además, el Poder Judicial del Estado de México intentó criminalizar las protestas que se realizaron afuera de los juzgados de Otumba y rechazó reconocer como víctimas indirectas a los papás de Karina.
Y cuando finalmente la sentencia vitalicia había sentado un precedente importante en las investigaciones con perspectiva de género, un tribunal de alzada decide reducir la sentencia contra el responsable para después, en mayo de 2025, ordenar que todo inicie de nuevo.
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Ximena Ugarte puntualiza que además de la revictimización, las reposiciones de juicios en los casos de feminicidio pone en riesgo los elementos probatorios que se reunieron y presentaron en las etapas de investigación.
“Hay un problema estructural en México, y es que estos casos inicialmente se clasifican como suicidios o accidentes. Entonces, las familias tienen que batallar mucho para poder reclasificar a través de diferentes elementos probatorios, como dictámenes periciales en materia de medicina forense y con perspectiva de género, así que una vez que inicia el juicio no todas las pruebas están disponibles porque ya pasó mucho tiempo. Las cosas se complican más cuando se ordena una reposición”, dice.


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